El Gobierno ha demostrado un compromiso débil y tardío frente a la crisis del sector inmobiliario, no solo desde una perspectiva habitacional, sino también en su dimensión económica y social. Se trata de un rubro estratégico para Chile: genera empleo, dinamiza la inversión y articula el crecimiento urbano. Sin embargo, durante buena parte del mandato, el Ejecutivo mantuvo una actitud pasiva, sin una agenda clara ni decisiones de fondo para enfrentar un colapso progresivo en permisos, ventas, proyectos y confianza sectorial. Esta inacción prolongada generó frustración entre desarrolladores, gremios y expertos, que observaron con desconcierto cómo el gobierno parecía ignorar el impacto de la parálisis inmobiliaria en la economía del país.
Cuando finalmente se activaron medidas relevantes —como el Fondo de Garantías Especiales (FOGAES) y la Ley de Subsidio al Dividendo— estas surgieron más como una reacción a la presión del ecosistema privado que como expresión de una estrategia política coherente. De hecho, ambas iniciativas fueron impulsadas desde mesas técnicas lideradas por actores como la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la Asociación de Bancos (ABIF) y Déficit Cero. El resultado ha sido un liderazgo percibido como reactivo, sin convicción ni visión estructural sobre la relevancia del sector inmobiliario no solo como herramienta social, sino como motor clave del desarrollo nacional.
En paralelo, el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), aunque ambicioso en su meta de 260.000 soluciones, está siendo empañado por una ejecución excesivamente lenta, territorialmente desigual y comunicacionalmente ambigua. El concepto de “soluciones habitacionales” ha sido utilizado de manera difusa, mezclando viviendas construidas con subsidios, arriendos y garantías financieras, sin entregar un desglose claro que permita saber cuántas unidades nuevas efectivamente se han levantado. Si el Gobierno aspira realmente a responder al déficit estructural —que supera las 500.000 viviendas— y garantizar el derecho a una vivienda digna, debe dejar atrás la lógica del titular fácil y avanzar hacia una gestión eficaz, transparente y equitativa. De lo contrario, el PEH corre el riesgo de transformarse en una operación simbólica más que en una solución concreta al mayor desafío social que enfrenta Chile.
Por Sergio Barros, Director Ejecutivo, Enlace Inmobiliario.
